[Acción Social] Conclusiones sobre “Planteamientos y posibilidades de la lucha por la vivienda en Albacete”

El sábado 19 de Septiembre tuvo lugar en el local del Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT una mesa redonda con el título: “Planteamientos y posibilidades de la lucha por la vivienda en Albacete” donde se discutió y reflexionó sobre algunos aspectos relacionados con la lucha en defensa de la vivienda, y la necesidad de la constituir una asociación entre trabajadoras y trabajadores para la defensa de sus intereses sociales y habitacionales: El nacimiento de un Sindicato Único de Defensa de la Vivienda.

Durante la mesa redonda se realizaron diferentes análisis y perspectivas sobre la situación social y sobre el estado de la lucha y de las organizaciones en defensa de la vivienda. También se habló de otras luchas históricas, más distantes en el tiempo, y un análisis de ellas. Como resultado de todos esos debates y exposiciones surgieron toda una serie de conclusiones que ahora exponemos, con el fin de defender, propagar y difundir la lucha por nuestros intereses, intentando evitar algunos errores que creemos que han sido cometidos en el pasado y que pensamos que no debemos repetirlos en el futuro.

Pese a que la clase trabajadora siempre ha vivido en una interminable crisis, las causas de la misma se volvieron recientemente más extremas a partir de 2008. En el terreno económico, la crisis económica afectó de una manera muy importante al sector de la construcción que había crecido tanto al calor de los bancos y su proyecto hipotecario -que generó una burbuja inmobiliaria-, que unido a la deslocalización de las empresas y al aumento de los despidos en sectores estratégicos, produjo un hundimiento de la economía y una destrucción de puestos de trabajo.

La crisis económica produjo que una parte importante de la clase trabajadora no pudiera atender a sus compromisos económicos. El Estado con el fin de defender los beneficios de los bancos se entregó a colaborar masivamente a ejecutar desahucios, a salvar económicamente a los bancos y a sanear sus activos sin salida en el mercado.

El Estado no solamente dedicó miles de millones de euros en sanear las cuentas de los bancos, si no que creo la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Re-Estructuración Bancaria (SAREB) en 2012, con el fin de absorber lo que se ha denominado activos tóxicos, y que son todos aquellos inmuebles que pueden generar problemas en el mercado de la vivienda.

En ese momento surgieron muchas organizaciones que buscaron frenar los desahucios, pero en todo ese proceso solo consiguieron organizar la lucha sobre una parte de la población: la clase trabajadora hipotecada que aspiraba a ser propietaria de una vivienda. Poco tiempo después, hemos sido testigos del resurgir de las organizaciones y Sindicatos de Inquilinos en muchas ciudades. Sin embargo, la lucha en defensa de la vivienda ha de hacerse extensa a toda la clase obrera, y no solamente a una parte de ella.

Otra de las conclusiones que se alcanzaron fue el rechazo a organizar la lucha sobre la base de resolver problemáticas sin tener en cuenta las condiciones y contextos económicos que las provocaban. Una parte importante de los problemas relacionados con la vivienda estaban generados por una pérdida de ingresos, debido a impagos o despidos, por la precariedad de los trabajos o por la situación de exclusión social en las que viven algunas personas.

La mayoría de las organizaciones que surgieron durante la crisis económica no buscaban garantizar el derecho a la vivienda de las personas, ni la erradicación de la mendicidad, ni de la pobreza, ni luchar por mejoras económicas para la clase trabajadora, etc… se trató de la defensa de la propiedad privada de los inmuebles y de la legitimidad de los propietarios de los mismos. Se entendía que estas organizaciones intentaban resolver una situación de urgencia entre la población, pero en muchos casos eran inconscientes defensores de medidas que entregaban los inmuebles a los bancos.

Al mismo tiempo, estas formas de organización creaban una división entre la clase trabajadora. Por un lado, una clase obrera que necesitaba defender sus necesidades habitacionales mediante los alquileres y, por otro, una clase trabajadora que se veía identificada en la necesidad capitalista de tener en propiedad una vivienda.

A pesar de ello, el problema de la vivienda no era otro que la existencia de la propiedad privada de los inmuebles, que al mismo tiempo, no es distinto del problema de la propiedad privada de los medios de producción y de los servicios, de los productos, etc…

En este contexto de crisis, muchas organizaciones ( asambleas de estudiantes, de vecinos, Centros Sociales Okupados, y otros colectivos) se encargaron de realojar a familias enteras. Sin embargo, la okupación es una herramienta que, pese a que tiene como denominador común -en todas las luchas- la de facilitar el derecho a la vivienda, puede ser utilizada también para liberar espacios y actividades de la propiedad privada capitalista, y ser una herramienta también para la socialización de una producción autogestionada, por y para nosotras mismas.

Otra de las conclusiones que se alcanzaron fue que las luchas sociales no pueden quedar en manos de líderes o partidos políticos. Las organizaciones sociales que durante algunos años han luchado en defensa de estos intereses se han hundido por el resurgir del parlamentarismo entre los movimientos sociales, esperando que las instituciones resuelvan todos estos problemas.

La experiencia histórica nos ha demostrado que la única manera de garantizar la efectividad y la durabilidad de la lucha es mantenerla totalmente alejada de la política y de los partidos, consolidando una organización de lucha que descanse y sea controlada por la misma clase trabajadora interesada en ella.

Cuando la acción directa fracasa -no por ser estéril sino por el abandono de la clase trabajadora a ponerla en práctica-, la lucha muere y las asociaciones y organizaciones que prestaban un apoyo social acaban convirtiéndose en las correas de transmisión de la política y de los partidos. Es en ese momento, cuando se hace más evidente que las conquistas sociales surgen como consecuencia de las luchas.

Uno de los asuntos más importantes que pudimos discutir fue la campaña de criminalización que el Estado, los medios de comunicación y los bancos están llevando a cabo contra la okupación en la actualidad. Efectivamente, los grandes bancos son conocedores de la situación económica y saben que la crisis generará de nuevo impagos hipotecarios e impagos de alquileres. Esta campaña de criminalización y de alarma social está dirigida a generar una necesidad legal que impida y reprima la capacidad de la clase trabajadora a satisfacer sus necesidades habitacionales directamente, mediante la ocupación ilegal de inmuebles vacíos, propiedad de bancos, fondos buitres, grandes propietarios o inmobiliarias.

También se discutió la posibilidad de hacer frente, a la campaña de criminalización contra la okupación y repasar la historia de la misma en la península; así como la posibilidad de dotarnos de una Oficina de Okupación para asesorar a las personas que así lo necesiten, en nuestro local.

Por otra parte, y en la misma línea se expresó la necesidad de constituir un Sindicato Único de Defensa de la Vivienda, ya que cada vez más cobra un sentido decisivo entre la clase trabajadora. Por un lado, para la autoorganización y coordinación de la defensa del inquilinato, a través de la rebaja del precio de los alquileres mediante la huelga. Y por otro lado, para satisfacer las necesidades habitacionales de la clase obrera mediante la ocupación ilegal de inmuebles vacíos.

Como anarquistas y anarcosindicalistas la única alternativa que podemos defender es la socialización de la vivienda, no para garantizar los beneficios capitalistas sino para satisfacer las necesidades habitacionales de toda la población.

Contra el capitalismo: Autogestionar la producción, socializar la propiedad.